A propósito de elecciones, este año se definirá quién será la o él próximo Defensor de la Niñez. Patricia Muñoz es quien ha asumido dicho cargo desde el año 2018, en el primer periodo de funcionamiento de la Defensoría.

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La Defensoría de la Niñez, creada por proyecto de ley en marzo del año 2016, aboga por resguardar los derechos de los niñas, niños y adolescentes del país. Es una institución pública, de derechos humanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos, teniendo como prioridad a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo cuidado del Estado. 

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Nuestro programa, FAE –familias de acogida especializada- trabaja con bebés, niñas y niños, que, por grave vulneración a sus derechos, han debido ser separados de sus familias de origen. Trabajamos con un rango etario de 0 a 3 años, por tanto, la gran mayoría de estas pequeñas y pequeños no poseen aún el lenguaje verbal necesario que facilite la comunicación con las y los adultos que ejercen sus cuidados. 

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¿Cómo entonces les damos voz? ¿Cómo aseguramos su bienestar?

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El resguardo de los derechos humanos en vivencias de niñez en nuestro país, hace de extrema relevancia una cuidada elección de quién dirigirá la Defensoría por el próximo periodo, pudiendo observar a la fecha con preocupación la dilatación del proceso, la presentación de candidatas que no logran las mayorías necesarias para asegurar su elección, así como un trayecto en la discusión situado en acuerdos partidistas por sobre la evaluación de las capacidades y competencias técnicas que requiere la responsabilidad que representa el cargo. 

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Desde nuestra labor como FAE, es decir programa especializado y de acompañamiento a contextos de alta complejidad, instamos a que las decisiones que se puedan tomar en el presente mes de mayo, sean en base al diálogo y la comprensión de que la niñez en contextos de vulnerabilidad requiere los más altos estándares de calidad profesional, así como la libertad y autonomía, para la construcción de decisiones y defensas. Es responsabilidad de todas y todos nosotros observar este proceso, y exigir transversalmente que cada profesional que desarrolle acciones en contexto de resguardo de derechos en niñez y familia, tengan las capacidades y responsabilidad ética para ello, cualquiera sea el nivel de decisión que ocupe.